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Anticorrupción interroga a ediles de UB que dejaron edificar Los Tarajales

Ayer prestaron declaración en las dependencias judiciales de Los Llanos cinco miembros de UB-CC que formaban parte de la Junta Local de Gobierno en noviembre de 2005, cuando se otorgó la licencia de obras que facilitó construir un edificio de viviendas de lujo en un suelo que, según varias sentencias, no era urbano.

29/oct/08 07:27 - M.CH., Los Llanos

Cinco miembros de la cúpula política de UB-CC en Tazacorte, que estaban en activo como concejales de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento bagañete en la pasada legislatura (tres de ellos aún forman parte del actual equipo de Gobierno), prestaron ayer declaración ante la delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, que se desplazó hasta las dependencias judiciales de Los Llanos de Aridane con motivo de la investigación abierta para aclarar la posible ilegalidad de la licencia de obras otorgada por el consistorio en noviembre de 2005 para la ejecución del edificio residencial de Los Tarajales, en El Puerto de Tazacorte, pese a la existencia de varias sentencias contrarias a la urbanización del suelo en el que se proyectó el mismo.

La actuación de la Fiscalía viene motivada por la recepción, hace un año, de un completo informe sobre este asunto enviado por el CCN, uno de los grupos políticos opositores en Tazacorte, a fin de que se investigara la posible existencia de delitos urbanísticos en esta actuación, a raíz de la aprobación de la licencia de obras a Diursa, la empresa promotora de un edificio de viviendas de lujo cuya edificación ya se ha concluido en el litoral del Puerto de Tazacorte. Esta investigación llegó a motivar hace varios meses una intervención de la Policía Judicial en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente en busca de documentación.

Tras concluir la toma de declaraciones de ayer, EL DÍA consiguió hablar con el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez (ante la imposibilidad de contactar con el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez Martín), quien no quiso entrar a valorar el proceso ni tampoco profundizar en las manifestaciones realizadas por su parte ante la Fiscalía. Tan solo se limitó a afirmar que "nos avalan muchos informes jurídicos y técnicos. Las sentencias existentes sobre este suelo se refieren a las antiguas Normas Subsidiarias y no al actual Plan General de Ordenación, por lo tanto, la licencia de obras de ese edificio no es cuestionable".

Desde UB-CC siempre se ha defendido la legalidad del procedimiento administrativo realizado por el ayuntamiento a la hora de conceder los permisos urbanísticos a Diursa, con los parabienes de diversos informes. En ese sentido, el grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte no ha cesado desde hace años en la defensa de lo que considera un procedimiento ajustado a la normativa.

La existencia de una sentencia firme del Tribunal Supremo, por la que se declara que no tiene carácter de urbano el suelo en el que se edificó este complejo de viviendas, es la principal pega de todo el proceso administrativo, aunque el Consistorio bagañete aprobó un nuevo planeamiento en el que sí se recoge esta parcela como urbana.

Sin embargo, por parte de la Dirección General de Costas, en cumplimiento de la sentencia de 1 de diciembre de 2004 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el 17 de julio de 2007, se resolvió rectificar la anchura de la servidumbre de protección de los 20 a los 100 metros, en el tramo comprendido entre el barranco de Las Angustias y la playa del Perdido. Por ello, el departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente ha entendido que la edificación en cuestión que se ha realizado en el frente de la playa y del paseo marítimo "se sitúa en un suelo afectado por la protección impuesta por el Estado".

El procedimiento judicial actual se basa en la inactividad mostrada por el ayuntamiento ante los requerimientos para que revisara y adaptara el PGO a la sentencia del Supremo, así como la negativa a adoptar medidas cautelares a efectos de la licencia de obras.