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TAZACORTE

Citan al exalcalde y al exsecretario por irregularidades contables en 2006

Tras admitir a trámite una denuncia de un empresario contra ambos, el Tribunal de Cuentas los emplaza a que comparezcan en los autos en un plazo de 9 días. Se admite la realización de un dictamen pericial sobre los supuestos daños económicos producidos, pero se desestima el embargo que reclamaba el denunciante.

11/nov/11 01:30 - MAIKEL CHACÓN, Tazacorte

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de Madrid ha emitido un decreto, con fecha de 18 de octubre de 2011, en el que comunica que, tras admitir a trámite una demanda de un particular (César Gil Invernón, empresario con intereses urbanísticos en el municipio), se emplaza al exalcalde, Ángel Pablo Rodríguez, y al exsecretario municipal, Juan Miguel Martín, a que comparezcan en los autos en un plazo de nueve días, después de ser señalados como responsables directos del supuesto perjuicio causado a los fondos públicos del Ayuntamiento de Tazacorte y de incumplir los procedimientos administrativos legales para la contratación de obras.

La resolución, por la que se amplía el procedimiento de reintegro de alcance número A40/11, dimanante de las actuaciones previas número 156/09, también informa de la presencia en la Jurisdicción Penal de unas actuaciones paralelas para resolver la responsabilidad de los denunciados en la adjudicación de contratos de obra de forma directa, tras conocer los testimonios recogidos en las diligencias previas realizadas por el Ministerio Fiscal. El Tribunal de Cuentas recuerda que ambos procesos son compatibles, tanto en la potestad disciplinaria como en la penal.

Por otra parte, el Tribunal autoriza la realización de una prueba o dictamen pericial en el ayuntamiento, sobre las cuentas y obras señaladas en el año 2006, por parte de un técnico economista, que deberá ser presentada por la parte denunciante. Dicha prueba pericial solicitó con la pretensión de esclarecer la cuantía exacta de los supuestos daños económicos producidos en la Administración local durante ese ejercicio económico fiscalizado, en el que, según desveló la Audiencia de Cuentas de Canarias se contrataron hasta 11 obras, por valor de 700.000 euros, que fueron fraccionadas de forma irregular para adjudicarlas directamente a empresas. Esta prueba debe presentarse cinco días antes de la celebración de la audiencia previa, para que sea trasladada a la parte contraria.

En cuanto al requerimiento de embargo contable a los denunciados, solicitado por el demandante, este se desestima al entender que "no procede en la instancia y fase procesal en la que nos encontramos y dados los términos en los que se ha planteado la solicitud".

La Administración de Justicia, en cumplimiento de la orden de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, ya había hecho público en junio de este año, tanto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de la realización de un juicio contable con motivo del posible descubierto producido en los fondos públicos del Ayuntamiento de Tazacorte en el año 2006.

Desde el grupo de gobierno anterior, de Unión Bagañeta, se había presentado un escrito solicitando el archivo da la causa, pero el fiscal solicitó la continuidad del proceso.