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El Parlamento exige a Tazacorte que cumpla la ley cuando adjudique obras

Ayer se publicó en el BOC la resolución de la Comisión de Hacienda del Parlamento canario que insta al ayuntamiento a corregir la forma de actuar en la asignación de obras, tras detectarse graves irregularidades. Se exige la contratación de un secretario y un interventor que garanticen el cumplimiento de la normativa.

29/oct/09 07:32 - EL DÍA, Tazacorte

El presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro Cordobez, hizo pública ayer, mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la resolución de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de la Cámara, vinculada al informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias de fiscalización de la contratación administrativa del Ayuntamiento de Tazacorte (año 2006). La resolución, emitida el 15 de octubre, exige a la administración local que cumpla la Ley por la que se rige la adjudicación de obras.

El texto de la resolución, hecho público por el Parlamento de Canarias en base a una condena política unánime, deja clara la conformidad del órgano plenario con el Informe de la Audiencia de Cuentas e insta al ayuntamiento a "la observancia y corrección en el modo de tramitar las contrataciones administrativas, que tal como se deduce del informe fiscalizador presenta múltiples deficiencias, de las que, en principio, no se deducen beneficios para el órgano de contratación".

Además, desde el Parlamento se "recomienda" al Ayuntamiento de la Villa y Puerto de Tazacorte, que preside Ángel Pablo Rodríguez Martín (UB-CC), que tramite la provisión de los puestos de trabajo, especialmente los de secretario e interventor, que están vacantes en esta corporación y ocupados temporalmente por otros trabajadores, para coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones relacionadas con el acuerdo parlamentario y la Ley de Contratos.

Además, hace hincapié en la necesidad de que la Administración local cumpla con la normativa, especialmente en materia de contratación administrativa, lo que implica constituir el registro público de contratos, con el que no cuenta, y tramitar los expedientes de contratación de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y sus normas de desarrollo.

Sin justificantes.- Y es que las conclusiones a las que llegó la Audiencia de Cuentas tras varios meses de investigación en los archivos municipales no fueron, ni siquiera, alegadas por el consistorio en su propia defensa, dentro del plazo de 30 días hábiles otorgados para ello. El grupo de Gobierno no presentó ningún documento que justificara su actuación, supuestamente realizada para dividir obras mayores en pequeños contratos que eran adjudicados directamente a las mismas empresas, en muchos casos sin justificantes, ni facturas ni contratos firmados. El montante total de obras mal contratadas en 2006 suma casi 700.000 euros.

Fraccionar obras.- La preocupación parlamentaria sobre la actividad económico-financiera de esta administración local se refirió, sobre todo, a los hechos narrados en el informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, sobre el fraccionamiento voluntario de obras, como supuestamente sucedió con la construcción de la piscina municipal y los arreglos del Pabellón de Usos Múltiples.

Así, se registraron en el informe fiscalizador más de una veintena de contratos menores realizados a las mismas dos empresas relacionadas con las mismas obras, saltándose todos los trámites imprescindibles que recoge la normativa.