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El Tribunal de Cuentas busca posibles responsabilidades penales en Tazacorte

Tras confirmarse, por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias, la gestión irregular de los caudales públicos, al menos en 2006, en el ayuntamiento, el Tribunal de Enjuiciamiento Contable sigue sin determinar si habrá responsabilidades individuales entre los miembros de la Junta de Gobierno de UB-CC en aquel año.

17/oct/10 08:01 - EL DÍA, Tazacorte

Tres años después de realizarse unas actuaciones administrativas para aclarar las irregularidades contables detectadas en el Ayuntamiento de Tazacorte durante el ejercicio económico del año 2006, según demostró un informe presentado por la Audiencia de Cuentas ante el Parlamento de Canarias, el Tribunal Contable de Madrid, que instruye un procedimiento de actuaciones previas para aclarar el alcance de las infracciones y sus posibles ilícitos penales, sigue reclamando más información.

Y es que la consejera de cuentas encargada de instruir esta fase de las actuaciones previas (156/09), Esperanza García Moreno, sigue sin poder determinar aún si han existido o no, además de supuestas gestiones irregulares, al menos en el año 2006, posibles responsabilidades penales, a título individual, en el caso de detectarse apropiaciones de dinero público por parte de miembros de la Junta de Gobierno Local de Unión Bagañeta (UB-CC).

Por ahora, no se ha podido determinar nada. Por eso, el Tribunal de Cuentas, Sección de Enjuiciamiento, de Madrid, ha ampliado el proceso de investigación, tras estudiar a fondo la contratación de diversas obras durante la anualidad de 2006, en las que se detectaron supuestos fraccionamientos ilícitos de contratos por un valor de casi 700.000 euros, en su mayoría adjudicados a las mismas empresas sin respetar los procedimientos administrativos de contratación pública.

Ahora, según ha podido confirmar EL DÍA mediante fuentes relacionadas con el proceso, se analiza otra documentación vinculada con las gestiones económicas, fiscales, contractuales y laborales de esta Administración local, así como diversos datos personales solicitados que se relacionan con determinados puestos de función pública claves en la realización de trámites administrativos de este tipo, como la Secretaría o la Intervención. A esto se une un amplio expediente relacionado con las contrataciones de personal laboral.

La carga de trabajo que soporta el Tribunal de Cuentas de Madrid ha alargado el procedimiento de instrucción previa, aunque, una vez resueltos otros supuestos ilícitos denunciados por toda la geografía nacional, se prevé que en los próximos meses se pueda dar un "empujón" al asunto contable de Tazacorte. Por ahora, ni si quiera, se han determinado fechas para posibles declaraciones de personas, acusados o acusadores, relacionadas con la denuncia que hace ya dos años presentó el Centro Canario Nacionalista (CCN).

Antecedentes

El desorden administrativo y la supuesta mala praxis en el manejo de los caudales públicos del Ayuntamiento de Tazacorte que detectó la Audiencia de Cuentas de Canarias se remonta, en antecedentes, a unos hechos denunciados por el Partido Socialista en 2008, en los que se acusaba al grupo de gobierno (UB-CC), que preside Ángel Pablo Rodríguez Martín, de fraccionar obras para la misma empresa sin respetar procedimientos administrativos de contratación pública. El caso fue inicialmente archivado por el juzgado de Los Llanos de Aridane, pero la aparición del informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas certificó la existencia de irregularidades contables en 2006, al menos en 11 actuaciones.

El Tribunal de Cuentas, primero, y el Parlamento de Canarias, después, dieron traslado del informe fiscalizador al órgano de enjuiciamiento contable en Madrid, después de condenar públicamente en un pleno la actuación del consistorio. Luego, según consta en varios escritos el concejal del CCN, Aquilino Acosta, se personó como denunciante, junto con un empresario con intereses turísticos en la localidad, César Gil Invernón (Inversiones Cock).

Obras "a dedo" y sin facturas

El informe técnico de la Audiencia de Cuentas que fue enjuiciado por el Tribunal en Madrid fue demoledor, en cuanto a los procedimientos irregulares que se utilizaban en el Ayuntamiento de Tazacorte para realizar las gestiones económicas. Según se descubrió, el grupo de gobierno de UB-CC contrajo en 2006 cuantiosas obligaciones económicas omitiendo trámites esenciales para cualquier Administración pública. Así, desveló que los contratos se realizaron sin que Intervención llevase a cabo la fiscalización previa a la aprobación del gasto y sin, ni siquiera, realizar la intervención material de la inversión. Además, se contabilizaron para su pago certificaciones de obras que no constaban como ejecutadas. A esto se unen la realización de contratos después de que la obra ya estuviese finalizada, adjudicaciones "a dedo" e, incluso, la ejecución de pagos sin ningún tipo de facturas. Entre los casos detectados de obras que no cumplían con los procedimientos establecidos para la contratación de obras públicas se encontraban 11 actuaciones que contabilizaban casi 700.000 euros. Así, se detectaron irregularidades en la ejecución de la estructura y carpintería de la Guardería, en varias fases de la Casa de la Cultura, en arreglos diversos del Pabellón de Usos Múltiples, en la plaza Noguerales (ahora San Miguel) e, incluso, en la obra y dirección artística de la escultura de San Miguel. En la mayoría de los casos, no existían informes de Secretaría, ni actas de replanteo. Además no se negoció con otras empresas ofertantes ni se dio publicidad a las adjudicaciones. Por otra parte, quizás lo más determinante, no existían facturas justificantes de las obras o, a las que se hicieron, no se les retuvo el correspondiente IRPF.