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LA PALMA

El Tribunal de Cuentas dice que no hay pruebas de delito contable en Tazacorte

Según suscribe el acta de la liquidación provisional realizada por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión económica del ayuntamiento en 2006, no existen pruebas documentales para demostrar la existencia de ilícitos contables, pese a que califica de "muy deficiente" y "peculiar" la contratación de obras en Tazacorte.

15/mar/11 01:16 - M.CH., Tazacorte

La gestión económica del ayuntamiento de Tazacorte es "muy deficiente", o al menos lo fue en 2006, según suscribe el Tribunal de Cuentas en un acta de 20 páginas que recoge las conclusiones de las diligencias previas realizadas por la delegada instructora del procedimiento de liquidación provisional llevado a cabo contra esta Administración local. Pero una cosa es verificar que se han gestionado mal los fondos de un ayuntamiento o no se han respetado las leyes y otra bien distinta es determinar, con pruebas documentales, que exista enriquecimiento personal con cargo al erario público.

El Tribunal de Enjuiciamiento Contable afirma que la demostrada "carencia absoluta de expedientes en todas las fases de la contratación de obras y suministros del ayuntamiento" no es suficiente para que se determine la comisión de ilícitos penales por el mal uso de los fondos públicos de esta administración en 2006.

Esta es la conclusión provisional a la que se llegó tras una denuncia presentada por un particular, César Gil, representante de la empresa Inversiones Cock, el 28 de mayo de 2009, como acción pública. La misma pretendía depurar posibles responsabilidades contables en la actuación municipal a raíz de las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en el ejercicio económico de 2006 en el Ayuntamiento de Tazacorte, en concreto en 11 obras o actuaciones que suman casi 700.000 euros, que fueron realizadas (según recogió el informe), en muchos casos, sin contratos, sin facturas, sin concurso o sin justificaciones documentales.

Tras analizar toda la documentación disponible, el acta al que ha tenido acceso EL DÍA dice que la actividad económica del ayuntamiento en materia de contratación no se ajusta a la normativa. Califica de "muy deficiente" la gestión que preside la actividad contractual del consistorio y de "peculiar" la forma de abordar las obras fraccionadas en múltiples contratos. Pero no existen pruebas para determinar ilícitos penales.

Según suscribe la instructora del procedimiento, Esperanza Garrido, la Ley establece que para que exista ilícito contable "deben demostrarse daños efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales, con un perjuicio actual y no potencial, sin que descanse en especulaciones". Por ello, añade, "no se aprecian indicios suficientes de responsabilidad contable. No se aprecia daño real a las cuentas del ayuntamiento". Al respecto, aclara, "las obras y suministros contratados fueron satisfechos para el ayuntamiento, pese a la inexistencia de documentación contractual".

Llama la atención del Tribunal la "absoluta falta de planificación de contratos". Así, tal y como ya dijo la Audiencia de Cuentas, este Tribunal entiende que "la absoluta carencia de documentación evidencia el total incumplimiento y la falta de aplicación de los requisitos legales propios de una Administración pública".

Ahora bien, la ausencia de auditores en el momento en el que se realizó ese informe fiscalizador genera una evidente limitación del Tribunal para realizar la actividad instructora, ya que el mismo no entra a valorar si existen irregularidades administrativas (no existe pronunciamiento judicial al respecto), solo si se ha producido un daño al erario público, con carácter resarcitorio.