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LA PALMA, Tazacorte

El Tribunal de Cuentas podría embargar al grupo de gobierno

Los concejales de la Junta de Gobierno y varios técnicos municipales serán requeridos por el Tribunal de Enjuiciamiento Contable de Madrid, que decidirá si exige el reintegro de 682.711 euros de 11 obras mal contratadas e injustificadas.

2/oct/09 07:29 - EL DÍA, Tazacorte

La investigación anunciada por el Tribunal de Enjuiciamiento Contable de Madrid, sobre las irregularidades detectadas por la Audiencia de Cuentas de Canarias en la gestión del Ayuntamiento de Tazacorte, en la anualidad de 2006, podría derivar en una actuación de "liquidación provisional", previa al proceso judicial, en la que se identifiquen a los presuntos responsables y se les imponga el reintegro de las cantidades, en este caso, el importe equivalente a la suma total de los presupuestos de los 11 contratos irregulares denunciados, es decir, 682.711 euros.

La responsabilidad de los denunciados por ilícitos contables dependerá de la pronunciación de la jueza instructora, que ya ha sido designada, tal y como anunció EL DÍA recientemente. En principio, la acusación se dirige a todos los miembros de la Junta de Gobierno Local, concejales de UB-CC, y parte del personal relacionado con el área económica del ayuntamiento y la Oficina Técnica.

Una vez que el CCN de Tazacorte ha presentado la correspondiente denuncia y un inversor privado (Inversiones Insulares Cock) se ha personado como parte del proceso ejerciendo una acción pública para que intervenga el Tribunal de Cuentas, la Sección de Enjuiciamiento del mismo, con sede en Madrid, ha dado traslado además de al Ministerio Fiscal a un Instructor, nombrado al efecto, quien pondrá en marcha un procedimiento en el que estudia la documentación y se cita, en su caso, a los posibles responsables.

Posteriormente, según consta en la reglamentación que regula el procedimiento, el Instructor formulará una propuesta denominada "liquidación provisional" en la que se reclama a los presuntos responsables el importe que deberá ser reintegrado, en caso de estimarlo. Para ello, se daría un plazo a estas personas para que avalen las cantidades estipuladas y, en caso contrario, se procede al embargo de sus bienes. Esta acción se produciría cuando todavía no se haya iniciado el juicio.

El expediente se eleva con posterioridad al consejero, dando paso a un procedimiento judicial que se tramitará siguiendo las normas aplicadas en los contencioso-administrativos, terminando con una sentencia que será susceptible de ser recurrida.

Además, la legislación específica que regula este tipo de procedimientos establece que, si de los hechos denunciados, el Ministerio Fiscal entendiese que existe un posible ilícito penal el asunto será trasladado también al juzgado correspondiente para que conozca del tema penal".