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El arquitecto local y su padre niegan haber tramado un pelotazo urbanístico

Afirman que el suelo era urbanizable desde 1999, por lo que "no existe cambio que genere un supuesto pelotazo" ni que haya multiplicado el precio del suelo hasta los 2,2 millones obtenidos en la venta. Omiten que el acuerdo de la Cotmac es anterior a la venta y que las Normas Subsidiarias se anularon por sentencia.

1/may/12 01:30 - M. CHACÓN, Tazacorte

El arquitecto municipal de Tazacorte, Rosendo Luis Brito, y su padre, Rosendo Luis Cáceres, niegan en un escrito remitido a EL DÍA su participación en un pelotazo urbanístico como resultado de una reclasificación manipulada de una parcela de suelo denominada La Nao que posteriormente se vendió al precio de 2,2 millones de euros. La declaración de urbanizable de ese suelo, en la que el padre del técnico municipal que informó a favor de su clasificación era el apoderado y actuaba en representación del propietario, fue recientemente anulada por una sentencia firme del Tribunal Supremo.

Al respecto, recuerdan que el suelo era urbanizable desde 1999, según las Normas Subsidiarias del municipio, incluso desde 1987 con diferente uso. Por lo tanto tiene la clasificación desde hace 25 años, por lo que "no existe ningún cambio que genere un supuesto pelotazo". Por ello, entienden que no se sostiene que en el proceso de reclasificación se haya multiplicado el precio del suelo, ya que siempre fue urbanizable.

Además, argumentan que "la parcela de La Nao se vendió el 23 de marzo de 2006, y el nuevo PGO entró en vigor el 26 de agosto de 2006, por lo que a tal efecto el suelo se vendió con la clasificación vigente en ese momento, que era urbanizable, no bajo la vigente en el nuevo Plan General", que en su aprobación inicial era rústica de protección agrícola, antes de que volviera a reclasificarse con un informe del arquitecto.

No dicen que el Supremo recoge en su sentencia que "la aprobación definitiva de los ámbitos aplazados por acuerdo de la Cotmac es de 6 de abril de 2005", casi un año antes de la venta. Ese acuerdo se publicó en el BOP de 13 de marzo de 2006, diez días antes de la venta. O sea, no estaba vigente el PGO, pero ya existía acuerdo publicado sobre su aprobación.

Además, en el escrito no mencionan que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia el 30 de junio de 2006 que anuló el contenido de las Normas Subsidiarias de 1999. Un fallo que se unió a otros anteriores del TSJC (septiembre de 2002) y del Supremo (noviembre de 2005) que rompían la continuidad del suelo urbano en la zona.

Por otra parte, en cuanto a las declaraciones realizadas por Rosendo Luis Cáceres como testigo en junio de 2010, este asegura que no negó su intervención en la operación de venta como apoderado, pero "no como intermediador". Por lo tanto manifiesta que "no cobró ninguna comisión". Ese hecho, concretó, "no ha sido probado en la sentencia del Supremo".