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El ayuntamiento autoriza habitar Los Tarajales por la presión del promotor

La comisión municipal de obras dio luz verde a la licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad que se frenó hace dos años, cuando acabaron las obras del edificio. Diursa advirtió al alcalde en una carta de que iba a interponer una querella criminal por prevaricación y de indemnizaciones de 10 millones de euros.

20/oct/10 07:38 - MAIKEL CHACÓN, Tazacorte

El Ayuntamiento de Tazacorte autorizó ayer, a última hora de la tarde, durante la celebración de una comisión de obras y urbanismo, la licencia de primera ocupación y la cédula de habitabilidad al polémico edificio residencial de Los Tarajales, en El Puerto, protagonista de un largo proceso judicial, aún sin resolver, por una sentencia del Tribunal Supremo (2005) que situó el suelo en el que luego se edificó como no urbano, pese a que en el PGO se aprobó como urbano.

La decisión, que se confirmará en la próxima junta de gobierno local, se adopta dos años después de concluidos los trabajos de construcción de un inmueble con 24 viviendas de lujo. Ha sido la misma comisión municipal de obras que en su día dejó sobre la mesa la solicitud de Rentur Renta Urbana S.L. (vinculada a Diursa como promotora de la edificación) por las dudas que originaba el proceso judicial abierto, lo que motivó una petición de información que se remitió al juzgado de Los Llanos de Aridane, que instruye el caso para determinar si hay motivos penales. La carta del ayuntamiento nunca recibió respuesta.

Ahora, sin que haya cambiado el panorama judicial que afecta al suelo y por extensión al edificio, y con las diligencias previas aún en marcha, se ha dado luz verde al permiso para habitarlo con el voto a favor de los tres concejales del grupo de gobierno (UB-CC) que estaban presentes en la comisión de obras y las abstenciones de los ediles del Partido Socialista y del CCN.

Advertencia de Diursa.- Y es que, según ha podido confirmar EL DÍA, el grupo de gobierno se ha visto obligado a desbloquear el procedimiento para otorgar la cédula y a definir su posición tras las presiones, incluso advertencias, remitidas por escrito desde la gestora del inmueble.

En una carta que recibió el ayuntamiento hace algo más de una semana, con registro de entrada el 11 de octubre de 2010, se advierte al alcalde, Ángel Pablo Rodríguez Martín, y su grupo de gobierno de la posible comisión de un delito de prevaricación por no entregar el permiso. Además se anuncia que esa negativa iba a desembocar en una querella criminal.

En ese sentido, calcula posibles responsabilidades patrimoniales por valor de 10 millones de euros, por los daños causados. En su momento, Diursa informó públicamente de la venta de las primeras seis viviendas del total de 24 habilitadas, pero no han trascendido más datos mercantiles ni se había pronunciado sobre la afección real que, supuestamente, le ha generado esta situación.

La reclamación de la empresa consta de varios puntos en los que realiza una retrospectiva histórica sobre fechas relacionadas con los permisos de la edificación (licencia de obras de noviembre de 2005, obra acabada en febrero de 2009 y solicitud de licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad en noviembre de 2008).

Además, recuerda que en marzo de 2009 se emitieron dos informes municipales, uno técnico y otro jurídico, en sentido favorable al otorgamiento de estos permisos. Pese a ello, suscribe, "un año y 10 meses después, en contra de los informes técnicos y jurídicos no se nos ha dado razón alguna para no otorgar la licencia".

Avales técnicos.- Unión Bagañeta se refiere, exclusivamente, a razones técnicas y jurídicas. Según Juan Miguel Rodríguez, "votamos a favor porque los informes así lo avalan, con razonamientos. Es un simple hecho reglado, una actuación que incluso está avalada por los informes del Gobierno de Canarias sobre la operancia del PGO de Tazacorte".

El concejal portavoz niega que se haya llevado dos años después la cédula a votación en la comisión de obras debido al contenido de la carta de Diursa: "Se ha autorizado ahora porque se dan los acontecimientos pertinentes para que sea así". Lo que sí genera dudas, aclaró, "es por qué los que tanto han denunciado este asunto no votaron en contra de la cédula y se abstuvieron ahora".

Lo menos lesivo.- Ayer, en la comisión de obras, el representante del PSC, Gonzalo Pascual, se abstuvo. Según explicó, no votó en contra para no justificar la solicitud de una indemnización al promotor del edificio que sería "mortal" para Tazacorte. Pero se negó a aprobar algo que considera "contrario a derecho", ya que "el carácter residencial en nuevas edificaciones está prohibido por el artículo 25.1 de la Ley de Costas".

Optó por la abstención con el objetivo de que "aquellos que, contra las opiniones del resto de grupos políticos, sentencias del TSJC y del TS y del más mínimo sentido común, se empeñaron en conceder la licencia de obras que ha devengado esta solicitud sean los mismos que decidan otorgar ahora la cédula de habitabilidad".

No debía votarse.- Por su parte, el edil del CCN, Aquilino Acosta, también se abstuvo en la comisión. Al respecto, entiende que "un asunto pendiente de diversas causas judiciales no debe votarse en estos momentos". Además, consideró que "si el grupo de gobierno otorgó por decreto la licencia de obras del edificio, ahora debería hacer lo mismo. No entendemos cuál es la diferencia".