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LA PALMA


La Audiencia Provincial anula parte de la instrucción del "caso Los Tarajales"

La Sala ordena al Juzgado de Los Llanos de Aridane que se aclare y defina qué imputados, de los más de 30 que hay, están afectados en cada una de las tres piezas separadas abiertas a raíz de un informe de la Policía Judicial en el que sustenta la existencia de irregularidades en varios suelos turísticos de Tazacorte.

16/nov/10 07:28 - MAIKEL CHACÓN, Tazacorte


La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado, mediante un auto de apelación remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Los Llanos de Aridane, con fecha de 19 de octubre, anular los autos de 10 y 16 de noviembre de 2009 por los que se creaban varias piezas separadas en las diligencias previas del "caso Los Tarajales", en busca de posibles delitos contra la ordenación territorial en tres suelos turísticos de Tazacorte (Las Hoyas, La Nao y El Pozo), además de la edificación de una parcela en El Puerto pese a la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo contraria a cualquier actuación urbanística en la misma.

Según ha estimado la Sala Provincial, "la indeterminación en el contenido de las piezas para determinar posibles delitos conexos provoca la indefensión de los imputados (más de 30), lo que conlleva la nulidad del auto". Se refiere a la complejidad del proceso abierto, con piezas diferentes, una tesitura, añaden desde la Audiencia, ante la que "se nos hace difícil entender qué contenido tiene cada una de las piezas, esto es, qué acusados son de cada una de ellas y de qué delitos se les acusa, pues el elenco, tanto de unos como de otros, es amplio".

Este defecto provoca la referida indefensión, "pues imposibilita (por el momento) a la defensa de cada imputado saber a qué piezas deben remitir sus escritos, lo que provocaría en el juzgado instructor el efecto contrario al perseguido, dificultando la instrucción multiplicando los actos de comunicación al no estar delimitados los sujetos, ya que todas las resoluciones afectan a todos y cada uno de los imputados".

En ese sentido, se ordena que se identifique a cada acusado en cada pieza separada de las diligencias previas del "caso Los Tarajales", así como los delitos que se le imputan a cada uno de ellos de forma individual.

La decisión responde en positivo a un recurso de apelación presentado por la defensa de los imputados, unas 30 personas, entre miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte en la pasada legislatura (2003-2007) y altos cargos de la Administración canaria que fueron miembros de la Cotmac en las fechas en las que se aprobaron las Normas Subsidiarias (1999) y posteriormente el Plan General de Tazacorte (2005). Ese recurso había sido desestimado inicialmente por la jueza instructora del procedimiento judicial (222/2008) en enero de este año.

Indefensión

Los autos anulados se remontan a noviembre de 2009, cuando el Juzgado de Los Llanos acordó la formación de tres nuevas piezas separadas en las diligencias previas del "caso Los Tarajales". Estas piezas se correspondían con una nueva instrucción judicial para determinar si han existido delitos sobre la ordenación de diferentes suelos turísticos en Tazacorte, como son Las Hoyas, al sur del municipio, y La Nao y El Pozo, en El Puerto. La decisión judicial se basó en un informe de la Policía Judicial que investigó supuestos ilícitos en estos suelos y la declaración testifical de una persona vinculada con una de las empresas con intereses urbanísticos en el municipio.

Ahora, la Audiencia Provincial, tras deliberar, asegura que "los razonamientos aducidos por la jueza para acordar la formación de las piezas, ante la posible existencia de delitos conexos, son acertados y los asumimos íntegramente". Sin embargo, aclara, "entendemos que asiste la razón a los recurrentes cuando afirman que la indeterminación en el contenido de las piezas les provoca indefensión, lo que conllevaría la nulidad del auto".

Para anular una actuación judicial debe producirse la infracción de una norma esencial del procedimiento (en este caso por incongruencia omisiva) y que se haya traducido en una real y efectiva limitación del derecho a alegar del recurrente en defensa de sus derechos legítimos, como es el proponer o practicar pruebas.