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La Fiscalía investiga medio centenar de licencias de cuartos de aperos ilegales

El Ayuntamiento de Puntagorda, que preside Vicente Rodríguez (PSC), otorgó licencias ilegales para la construcción de cuartos de aperos de hasta 50 metros en suelo rústico de protección territorial a 20 personas. La Agencia del Medio ha anulado los expedientes tras denunciar el caso en la Fiscalía de Medio Ambiente.


24/mar/11 01:19 - M. CHACÓN, Puntagorda


La Viceconsejería de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias ha informado de la apertura de una investigación en la Fiscalía de Medio Ambiente a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por la detección de más de medio centenar de licencias municipales en Puntagorda para habilitar cuartos de aperos, bodegas y otras instalaciones en suelo rústico de protección territorial que son ilegales.

Según ha explicado el viceconsejero, Miguel Ángel Pulido, las licencias (que se remontan hasta el año 2007) han sido declaradas nulas de pleno derecho porque se otorgaron para permitir la construcción de instalaciones de hasta 50 metros, en muchos casos para usos que no se corresponden con la categoría de un suelo rústico en zonas agrícolas. Esto llevó a la Agencia del Medio a actuar.

El organismo dependiente del Gobierno de Canarias requirió hace meses al Ayuntamiento de Puntagorda para que explicase las licencias otorgadas a una veintena de propietarios para cuartos de aperos, bodegas y otras instalaciones irregulares. Pero la solicitud de anulación no recibió respuesta del ayuntamiento, lo que obligó a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural a acudir a la vía judicial.

Según el responsable de la viceconsejería, "el ayuntamiento llevó a cabo actos contrarios a derecho. Actuó fuera de la Ley". Al respecto, aclaró, "no se pueden dar licencias para hacer cuartos de aperos de 50 metros, algunos incluso ejecutados con una piscina y transformados para uso residencial. No se puede ir por la vida actuando libremente como si las normas no estuvieran para ser cumplidas, sobre todo por aquellos que tenemos que tomar decisiones sobre el territorio".

En ese sentido, ahora el ayuntamiento se ha visto obligado a realizar una revisión de oficio porque las licencias fueron impugnadas ante los tribunales. Al respecto, Pulido entiende que "no todas podrán legalizarse, dependerá del uso de esas edificaciones". En cualquier caso, aclaró: "No sé si los informes técnicos eran o no favorables, pero se puede haber incurrido en la comisión de un delito de prevaricación".

Una interpretación

El alcalde, Vicente Rodríguez (PSC), habla de "una interpretación administrativa" y no de una ilegalidad. Según aclara, "se otorgaron los permisos entendiendo la normativa de la misma forma que la interpreta la Administración competente en la misma, que es el Cabildo, quien delegó en el ayuntamiento". Al respecto, dijo: "Los informes que dábamos son copia literal de los que daba el Cabildo".

Rodríguez cree que "no hay ninguna obra de las realizadas con las licencias que se entregaron que no se ajuste a la legalidad. No hay viviendas ni otros usos residenciales, solo instalaciones vinculadas a la agricultura y la ganadería, que son actuaciones permitidas por el PGO ya aprobado".