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LA PALMA


La Fiscalía y la Policía Judicial detectan posibles estafas en tres suelos turísticos

La fiscal de delitos medioambientales, Inmaculada Violán, avala el fundamento legal de las nuevas líneas de investigación abiertas por la jueza del "caso Los Tarajales". Según apunta la Fiscalía y la Policía Judicial en su investigación, existen posibles conexiones delictivas en la ordenación de suelos turísticos de Tazacorte.


10/ene/10 24:47 - EL DÍA, Tazacorte


Un auto emitido con fecha de 3 de diciembre por la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, como parte de las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 2 de Los Llanos de Aridane en el caso de Los Tarajales, avala el fundamento legal de las nuevas líneas de investigación abiertas por la jueza instructora sobre posibles delitos urbanísticos y estafas detectadas en tres suelos turísticos del municipio de Tazacorte.

La fiscal de delitos medioambientales, Inmaculada Violán González, presente en la investigación de Los Tarajales desde su inicio, asegura en un documento judicial al que ha tenido acceso EL DÍA que "respecto de los imputados concurre conexidad subjetiva con los nuevos hechos investigados, que son coincidentes en el tiempo, que acaecen en el mismo marco, que coinciden en su mecánica comitiva y en su caso en su posible calificación jurídica". Por ello, sin perjuicio de cual sea el resultado de la investigación criminal, añade, "interesa la confirmación de los autos recurridos, por entender que no se han desvirtuado los argumentos que llevaron a la jueza instructora a su proceder".

Desde la Fiscalía se desecha la posibilidad de archivar la instrucción, tal y como pide la parte acusada y recuerda que la Ley permite a la jueza enjuiciar delitos conexos "cuando existen elementos para hacerlo, acordando la formación de piezas separadas para simplificar y activar el procedimiento". Al respecto según la fiscal, la jueza instructora adopta la decisión "en atención a los nuevos datos que aporta el equipo de delitos urbanísticos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, así como por la declaración de un testigo vinculado a todo el proceso".

Las conclusiones policiales.- El nuevo informe de la Guardia Civil con fecha de 30 de noviembre de 2009 (el segundo que emite el cuerpo de agentes en este caso), amplía la investigación judicial a zonas limítrofes (suelos de la Nao y el Pozo, en El Puerto) y otra alejada (Las Hoyas), que han dado lugar a la formación de tres piezas separadas en la instrucción judicial, con posibles nuevos imputados por presuntos delitos de "tráfico de influencias, estafa, prevaricación y falsedad documental".

Según la Policía Judicial, "en estas zonas han operado cambios urbanísticos importantes con la participación, al igual que en Los Tarajales, del arquitecto municipal. En uno de los terrenos (la Nao) el propietario tenía como apoderado o representante al padre del arquitecto del ayuntamiento". Además, recoge: "un testigo (vinculado a la empresa Inversiones de Cock, con intereses urbanísticos en la zona) implica al alcalde por su participación activa en el mismo proceso, junto al arquitecto municipal y a los redactores del PGO, en una serie de contactos y reuniones, algunas de las cuales se celebraron fuera de la Isla".

El por qué de Los Tarajales.- En cuanto al largo proceso judicial, la fiscal recuerda que la investigación de Los Tarajales se inició por denuncia del Ministerio Fiscal contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte y algunos técnicos, por presunto delito de prevaricación, sin perjuicio de otras responsabilidades posibles.

Se juzga la concesión de una licencia de obras en Los Tarajales (8 de noviembre de 2005) y una posterior autorización del proyecto de ejecución para indicar las obras (el 27 de junio de 2006) de un edificio de viviendas, en una zona afectada por la delimitación de servidumbre de Costas, con sentencia primero del TSJC (13 de septiembre de 2002) y posterior confirmación del TS (10 de noviembre de 2005) en contra de la calificación del suelo como urbano no consolidado.

Si bien las dos licencias se concedieron en aplicación de un nuevo planeamiento, lo cierto, asegura la fiscal, "es que existía ya un pronunciamiento del TSJC de implicaba la pérdida de la condición urbana de esos terrenos. Además, cuando se otorgó la segunda licencia, ya el TS había confirmado la sentencia previa del TSJC y constaba otra de la Audiencia Nacional sobre el deslinde".

Actos incomprensibles.- Según Inmaculada Violán, "llama la atención un serial de informes del ayuntamiento y Consejería de Política Territorial "cambiantes y contradictorios", con posteriores acuerdos también "contradictorios e incomprensibles" a la vista de los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente.

Además dice que consta que el alcalde acudió a la Cumac acompañado por una serie de "asesores externos" entre los que se encontraba el intermediario en la compra del suelo donde se asentó la edificación, quien resultaba ser el arquitecto redactor del proyecto del edificio, contratado por la entidad promotora del mismo (Diursa).