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La Policía Judicial requisa documentos de Los Tarajales en el ayuntamiento

CC informó de que tres agentes se personaron el martes en la Administración Local en busca de información sobre el PGO, debidamente diligenciado, y sobre el proyecto del paseo marítimo que ejecutó Costas en 1998 en El Puerto. Los concejales imputados dicen sentirse "tranquilos" pese a la causa abierta en el juzgado.

25/jun/09 07:33 - M. CHACÓN, Tazacorte

CC anunció ayer durante una rueda de prensa la intervención por parte de la policía judicial en el Ayuntamiento de Tazacorte en busca de diferentes documentos administrativos vinculados con el caso de Los Tarajales que mantiene diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Los Llanos de Aridane, con más de 30 imputados por un supuesto delito contra la ordenación del territorio por permitir la urbanización de un suelo sobre el que recae una sentencia firme del Tribunal Supremo declarando que no es urbano.

Juan Miguel Rodríguez, teniente de alcalde y portavoz de UB-CC, decidió dar traslado a los medios de comunicación de la actuación ejecutada por orden de la jueza instructora del caso, "antes de que se utilice el acto de forma torticera, por parte de terceros interesados". Así, afirmó, "tres agentes de la policía judicial se personaron el martes en las dependencias municipales para reclamar información sobre el documento del Plan General de Ordenación debidamente diligenciado y el proyecto del paseo marítimo que en su momento ejecutó Costas en el año 1998, con un presupuesto de 585 millones de las antiguas pesetas. La documentación se entregó, a falta de algunos papeles que se enviaron hoy (ayer para el lector)".

La actuación judicial, según expresa el representante del grupo de gobierno de Tazacorte, "se ha sacado de contexto en algunas cuestiones y momentos. Lo decimos porque el asunto de la licencia de Los Tarajales, actualmente en diligencias previas con la imputación a multitud de personas, tanto del ayuntamiento como de la Cotmac, se basa en una sentencia que afecta a una figura de planeamiento que ya no existe, las antiguas Normas Subsidiarias, ya que lo que hoy tenemos en vigor es el PGO, que cuenta con el beneplácito de otras instancias implicadas, como Cotmac o Costas".

Acusados, pero tranquilos.- El concejal se mostró "muy tranquilo", un estado que trasladó a sus compañeros de la junta de gobierno de la pasada legislatura que están imputados, entre ellos el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez (que no estuvo en la rueda de prensa): "Nuestras actuaciones han sido correctas y, según nuestros letrados, están acogidas a derecho. El ayuntamiento procedió a otorgar la licencia sobre un suelo urbano. Que no piense nadie que era suelo verde o de otro tipo".

Al respecto, concretó, "no entendemos que se intente hacer resurgir un planeamiento antiguo ya derogado. Es como condenar a este municipio a regirse por las viejas normas urbanísticas, retrotrayéndonos al año 1989, veinte años atrás".

En cualquier caso, el edil de UB-CC dejó claro que va a seguir colaborando con la justicia "en el sentido que se nos pida". Así, apuntó, "en octubre del año pasado se nos imputó un presunto delito de prevaricación, o sea de haber tomado un acuerdo injusto siendo conocedores del hecho. A día de hoy la imputación ha cambiado. Ahora se nos acusa de un delito contra el territorio. Se decía que habíamos dado una licencia ilegal, pero la misma nunca ha sido denunciada por un particular ni por nadie, no ha sido cuestionada".

Denuncias con mala fe.- En cuanto a la acusación particular, Rodríguez se refirió a la personación en el caso de Juana Teresa González, "la misma persona que intentó comprar ese suelo para construir a un precio de compra de 50.000 pesetas (moneda válida en ese momento) el metro cuadrado. Se da la paradoja de que haber comprado Los Tarajales la cosa estaría tranquila, libre de denuncias y de imputaciones, y con un edificio en la parcela similar al que se ha construido".

Más que una mano negra, aseguró el primer teniente de alcalde, "lo que veo en todo esto es mucha mala fe". Sin embargo, añadió, "nosotros podemos demostrar que esa señora tiene y tubo intereses particulares en ese suelo, por eso le hemos hecho llegar al juzgado las opciones de compra que realizó la misma en su momento, con el fin de urbanizar".