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LA PALMA


La empresa lleva a los juzgados la reclamación patrimonial por daños y perjuicios


9 marzo, 2014 - DAVID SANZ, TAZACORTE


La-Nao-Tazacorte

La pérdida de la calificación de suelo urbano del sector ZSR 2-2 del Barranco de Tenisca, en el municipio de Tazacorte, a raíz de un fallo del Tribunal Supremo, puede traer un grave perjuicio económico para el Ayuntamiento. Y es que la empresa que adquirió una finca dentro de ese espacio, que ahora no puede ser urbanizada, ha presentado una demanda judicial, tras solicitar una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Tazacorte y la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) solicitando una indemnización por daños y perjuicios de 1.183.657 euros.


La empresa Sansipalma S.L., sociedad escindida de Estatecnic S.A, que fue la que compró en el año 2006 la finca ubicada en la zona conocida como La Nao, de 14.055 metros cuadrados, por la cuantía de 1.773.967,76, es la entidad que presentó esta reclamación al Ayuntamiento, a cuyo contenido ha podido tener acceso DIARIO DE AVISOS.

Para comprender de dónde procede esta nueva bomba de relojería que hereda el actual Gobierno municipal, hay que remontarse al año 2004, cuando la Cotmac aprueba de forma definitiva y parcial el Plan General de Tazacorte, debido a que algunos espacios del municipio, entre los que figuraba este ámbito, cambiaron su calificación, en este caso para ser urbanizable, después del período de información pública. Una suspensión que posteriormente se levantó.

Ante esta acción, interpuso una demanda en el contencioso administrativo el empresario César Gil Invernón, que fue desestimada en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero en el recurso de casación ante el Supremo, este Tribunal le dio la razón, considerando que se había producido un caso de desviación de poder. La consecuencia de este fallo es que el suelo de este sector vuelve a ser no urbanizable.

DERECHOS

La sociedad que adquirió la finca, “legítimamente y de buena fe”, señala que se trataba de “unos terrenos clasificados por el planeamiento como suelo urbanizable sectorizado no ordenado. No adquirió simplemente unas expectativas, sino unos derechos ya existentes y perfectamente evaluables económicamente. Y por ello pagó un precio en función de las características urbanísticas de la finca”.


La empresa lleva a los juzgados la reclamación patrimonial por daños y perjuicios

Ayuntamiento de Tazacorte

El Ayuntamiento de Tazacorte. | DA


La entidad demandante sostiene que el fallo del Supremo justifica que sean las dos administraciones, tanto el Ayuntamiento como la Cotmac, quienes afronten los daños producidos. “La posterior anulación por parte del Tribunal Supremo, en base a la existencia de una desviación de poder, implica una actuación anormal de la Adminstración, tanto de la que planificó como de la que aprobó el planeamiento”, argumentan en el escrito remitido al Ayuntamiento.

Más concretamente, explican que “al concurrir dos administraciones, la municipal que tramita y aprueba provisionalmente el PGO, y la autonómica que debía vigilar por el correcto cumplimiento de la normativa y no lo hizo, aprobándolo definitivamente, ambas son responsables solidariamente”.

El cálculo de la indemnización que realizan los demandantes lo fundamentan en el coste de la compra de la finca, en la que invirtió Estatecnic S.A. 1.773.967,76. Esta sociedad, cuando se escindió aportó la finca a Sansipalma SL, dedicada al cultivo y explotación agraria de plátanos, por valor de 590.310 euros. De ahí que estimen que la diferencia entre el coste de la compra y el valor agrario de la finca sea el perjuicio que la Administración debe afrontar: 1.183.657 euros.

HERENCIA CARA

En escasos tres años, el grupo de Gobierno ha heredado una numerosa ristra de demandas por vía judicial de empresas u otras entidades, que, en total, reclaman al Consistorio 630.152 euros, que sumados a la reciente denuncia por la compra de esta finca, por valor de 1.118.657 euros, hacen un total de 1.748.809 euros.

Los requerimientos judiciales, sin contar la reclamación patrimonial son: Lopesan (168.666 euros); Poligras (126.752 euros); Gesplan (243.999 euros); Aemon (53.235 euros); Serdican (1.427 euros); Endea (1.138 euros); Club Interlibro (1046 euros); Sumaplas (8.474 euros); Iballa (796 euros), y Mapetomojoferi (24.619 euros).