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LA PALMA


La licencia de Los Tarajales tuvo el visto bueno del PSC y de Costas


21/feb/08 10:27 - EL DÍA, Tazacorte


El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Tazacorte, conformado por Unión Bagañeta (CC-UB), no cesa en la defensa de lo que considera un procedimiento ajustado a la legalidad, en cuanto a concesión de la licencia de obras para la edificación del edificio residencial que la empresa Diursa ejecuta en Los Tarajales y que ha sido el centro de una polémica intervención de la Dirección General de Costas a raíz de una sentencia anterior de la Audiencia Nacional sobre el suelo en el que se desarrolla la actuación, considerándolo "no urbano".

Desde Tazacorte se asegura que, tras hablar con Política Territorial del Gobierno de Canarias, a raíz de una comunicación recibida desde el departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, se ha informado de que "de momento, lo que pide Costas es información acerca de la tramitación del expediente de licencia de Los Tarajales".

Sin embargo, el grupo de Gobierno que preside Ángel Pablo Rodríguez tiene claro que "no existe la supuesta ilegalidad que se achaca a la construcción del edificio situado en El Puerto de Tazacorte, ya que la licencia, otorgada el 11 de noviembre de 2005, previo dictamen favorable por unanimidad de la Comisión Informativa, en la que votó a favor el edil del PSC Adolfo Martín, se concedió conforme a lo que recoge el PGO del municipio y en base al deslinde costero que estaba vigente en ese momento, por Orden Ministerial del 25 de octubre de 2001, lo que significa que la licencia contaba incluso con el visto bueno de Costas".

Licencia no recurrida

El alcalde aclara en un comunicado que "hasta la fecha no se ha presentado recurso alguno contra ese acto que otorgó la licencia". Esta afirmación obvia las denuncias presentadas ante Costas por el PSC, de 17 de marzo de 2007, y por el CCN, el 17 de octubre de ese año.

Rodríguez concretó que "la sentencia a la que se alude es referida a la nulidad de una parte de las Normas Subsidiarias de 1999, las que ya no estaban vigentes desde el día 5 de enero de 2005, en que entró en vigor el PGO. Es decir, que declara nulo lo que ya estaba anulado por imperativo legal, la sustitución de un planeamiento por otro. Además, apuntó, "esa sentencia fue dictada y notificada después de haberse otorgado la licencia de obras, a lo que se une el hecho de que Costas modificó su propio deslinde el 13 de agosto de 2007, más de un año y medio después".