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EL MAPA DE LA CORRUPCIÓN

La política canaria no es ajena a las malas prácticas

Hasta una decena de políticos han sido condenados en los últimos años por distintos casos de corrupción en las Islas, y muchos más están imputados por similares asuntos.

10/feb/13 02:15 - O. González / P. P. Peña

C anarias no ha tenido, hasta el momento, un caso Gürtel ni se conoce que sus políticos hayan podido cobrar sobresueldos ilegales. Pero no por ello la Comunidad Autónoma está exenta de llamativos casos de mala praxis política. Algunos de ellos, muy sonados y recientes, han puesto punto y final a la carrera política de unos cuantos "supuestos" representantes de lo público. Otros, también con gran repercusión mediática y social, pero algo más alejados en el tiempo, han motivado que algún dirigente diera con sus huesos en los fríos recintos carcelarios.

En unas islas en las que el territorio tiene un doble valor, ha sido su mala y perversa gestión la que ha deparado la mayor parte de las irregularidades conocidas hasta la fecha. Pero también se han producido sonados casos relacionados con otros ámbitos de la gestión pública. Por eso no es de extrañar que haya condenas e imputaciones por malversación, cohecho o tráfico de influencias.

El paradigma de la negra lista de políticos que en las últimas décadas se alejaron de la corrección y rectitud que se le presupone a todo aquel representante elegido por el pueblo es, sin duda, Dimas Martín.

El político conejero está en la cárcel desde 2007, condenado por un caso de malversación, fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Valga como anécdota su detención, en la celda que ya ocupaba en la prisión de Tahiche (Lanzarote), por otro caso de supuesta corrupción urbanística en el marco de la operación Unión.

Por esta misma operación -una de las más grandes que se han llevado a cabo en el Archipiélago- aún sin condenas, fueron detenidos, entre otros, la exalcaldesa de Arrecife (Coalición Canaria), María Isabel Déniz; el miembro del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Matías Curbelo y el socialista Miguel Ángel Leal, entre otros.

También en esta isla fue condenado, el pasado mes de diciembre, a 25 meses de inhabilitación por prevaricación urbanística, el exalcalde de Teguise Juan Pedro Hernández.

Y es que a Dimas Martín le han salido fuertes competidores en su carrera judicial no solo en su isla, sino también fuera de ella. Sobradamente conocido es en Tenerife el caso Las Teresitas, por el que están imputados, entre otros dirigentes políticos, el exalcalde de la capital tinerfeña Miguel Zerolo, el otro paradigma de la supuesta conducta irregular del representante público.

Sobre el también senador de CC por Tenerife, cuya causa juzgará ahora el Tribunal Supremo por su condición de aforado, pesan varias acusaciones. Entre otras cosas, se le juzgará por un presunto delito de malversación de caudales públicos, cometido durante la compraventa de los controvertidos terrenos anexos a Las Teresitas.

Pero Zerolo no es el único, ni mucho menos. Para conocer el caso más reciente en la isla tinerfeña hay que desplazarse al Sur, concretamente al municipio de Arona. Su ahora exalcalde, José Alberto González Reverón, se vio obligado a dimitir el pasado 21 de noviembre tras ser condenado a cuatro años y seis meses de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación continuada. Era solo uno de los casos por los que ha tenido que responder ante la Justicia, pues también está imputado por el caso Arona, relacionado con la corrupción urbanística.

Las conductas irregulares, en cualquier caso, no son exclusivas de las islas con grandes extensiones de territorio, sino que también se han extendido a las más pequeñas. Dos de los últimos casos tienen que ver con El Hierro y La Gomera.

En la primera de ellas, y hace menos de un mes, se vieron obligados a dimitir Agustín Padrón (PP) y José Miguel León (AHI), exalcalde y exconcejal de Valverde, condenados ambos por prevaricación y malversación de caudales públicos. Padrón, que también era diputado del PP, está condenado a dos años de cárcel y once de inhabilitación. La condena de León es de cuatro años de inhabilitación y seis meses de cárcel. Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), ambos pagaron casi seis veces más que lo tasado por la arquitecta municipal por un solar para aparcamientos.

En La Gomera el último condenado por una irregularidad al frente de lo público ha sido el exalcalde Valle Gran Rey Ruymán García (PSOE). En diciembre, los tribunales fallaron cuatro años y seis meses de cárcel y quince de inhabilitación por contratar de manera irregular a una persona en el consistorio. El de Valle Gran Rey, no obstante, es un caso singular, pues el antecesor de García, Esteban Bethencourt (PP), está pendiente de que se repita el juicio abierto contra él por otra irregularidad cometida cuando era regidor del municipio costero. Mención aparte, también en La Gomera, merece el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, imputado por el juez tras recibir un informe sobre su patrimonio realizado por el grupo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil.

No obstante, si hay una isla salpicada por casos y supuestos casos de corrupción es Gran Canaria. Góndola, Faycan, Brisan, Canódromo, Yrichen y Europa son algunos de los procedimientos abiertos en esa Isla y en los que están imputados diputados regionales como Jorge Rodríguez (PP- caso Europa) y Felipe Alfonso El Jaber (PP- caso Canódromo), senadoras como Josefa Luzardo (PP- caso Canódromo) y alcaldes como el de Mogán, Francisco González (PP- caso Góndola), y la de Telde, Mari Carmen Castellano (PP-caso Faycan).

A ellos se suma también Juan de Dios Ramos, alcalde de Teror, -acusado de un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio-, el regidor de NC en Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, a quien se le imputa dentro de la operación Palmera, los delitos de prevaricación, abuso en el ejercicio de la función pública y delito de uso indebido de información privilegiada y, más recientemente, el consejero del Cabildo, Juan Domínguez, denunciado por la gestión en Infecar y por supuestas irregularidades en su propio partido, el CCN.

Este es, en cualquier caso, un pequeño esbozo de la inmensa selva de irregularidades y supuestas irregularidades detectadas en las Islas. La nómina de imputaciones es mucho más extensa en un Archipiélago en el que durante años la gestión de lo público resultó, cuando menos, sospechosa.

Por añadir algunos a los antes citados, cargan también con acusaciones alcaldes como el de Santiago del Teide, Juan Damián Gorrín (PP); Icod de los Vinos, Juan José Dorta (PSOE); El Rosario, Macario Benítez (PSOE); Granadilla, Jaime González Cejas (PSOE); La Orotava, Isaac Valencia (CC). O exregidores como el de Tazacorte Ángel Pablo Rodríguez (UB), acusado en el marco del conocido como caso Los Tarajales, o el de Pájara, Ignacio Perdomo, imputado por prevarición. Incluso, exconcejales y ahora diputadas nacionales como Águeda Fumero (PP), imputada en el caso Arona 2, o María de Haro (PP), cuya imputación tiene que ver con la expedición de los títulos de formación sociosanitaria falsos.

En las elecciones municipales de 2011, 12 ediles canarios lograron representación en sus municipios a pesar de presentarse ya como imputados.

Ninguna isla está libre de prácticas sospechosas por parte de sus representantes públicos. Eso sí, en unas la actividad ilícita ha sido, hasta ahora, más intensa que en otras.

"La corrupción ha infectado completamente la democracia"