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LA PALMA


Pulido aconseja al ayuntamiento dar la licencia para habitar ya Los Tarajales

El viceconsejero de Ordenación Territorial, que se encuentra entre los 32 imputados del "caso de Los Tarajales", asegura que "la justicia va a tardar varios años en resolver el asunto, por lo que sería conveniente que el consistorio evite una denuncia por responsabilidad patrimonial por parte de la promotora del edificio".


Los Tarajales

LA PROMOTORA DEL EDIFICIO, Diseños Urbanos (Diursa), está a la espera del resultado del proceso judicial.


5/oct/09 07:17 - M.CH., Tazacorte


El largo proceso judicial de Los Tarajales, en El Puerto de Tazacorte, puede ser eterno, pese a que ya lleva varios años en los juzgados, por lo que la habitabilidad del edificio construido dependerá de la decisión que adopte el ayuntamiento, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado inejecutable la sentencia contra la urbanización del suelo.

En ese marco, el viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, que forma parte de la lista de 32 imputados en el caso, junto a otros miembros de la antigua Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac), estima que sería conveniente que el Ayuntamiento de Tazacorte, de quien dependen los permisos de habitabilidad, otorgue la licencia de ocupación del edificio que permitiría a la empresa promotora rentabilizar una importante inversión realizada en el complejo de viviendas de lujo.

Pulido recuerda que "el proceso judicial aún está sin emitir un fallo definitivo. Cualquiera que sea la sentencia se recurrirá, por lo que el litigio se extenderá por muchos años". Por otra parte, apunta, "existe ya un auto del TSJC que confirma la vigencia del PGO y que las licencias son legales, con lo que permite que el ayuntamiento proceda a otorgar la cédula de habitabilidad y la licencia de primera ocupación. Eso siempre que tenga los informes pertinentes, por lo que si no, deberá realizar el papeleo que demuestre que el edificio se ajusta al proyecto y se corresponde con la licencia de obras".

Indemnización.- Además, el viceconsejero sostiene que con esta actuación, "lo que se haría es evitar un problema aún mayor. Si el ayuntamiento no otorga la licencia puede estar incurriendo en un delito de responsabilidad patrimonial y si el propietario del edificio reclama daños y perjuicios sería realmente grave para la economía municipal".

Según los cálculos realizados en inversión y el valor del negocio por venta de las viviendas del edificio, la responsabilidad patrimonial sobre el mismo, en caso de reclamarse una indemnización por parte de su promotor, podría superar los 10 millones de euros.

Los jueces no informan.- En cuanto al informe que el ayuntamiento pidió al juzgado respecto a la conveniencia de otorgar la licencia de ocupación, Pulido es tajante: "Los jueces no están para hacer consultas, sino para dictar sentencias. En el juzgado de Los Llanos no habrá informe con toda seguridad, por lo que el Ayuntamiento de Tazacorte no debe esperar por ese documento, aunque tengan dudas jurídicas".

El viceconsejero lamentó, una vez más, las malas intenciones de los denunciantes, "que sólo pretenden hacer daño a un pueblo y a su ayuntamiento".

La clave

Los Tarajales, un laberinto jurídico

El caso de Los Tarajales tiene varios frentes abiertos y está aún muy lejos de que aparezca una sentencia definitiva. Es, sin duda, todo un laberinto jurídico el que se ha creado en torno a un asunto que lleva en los tribunales desde hace más de una década. En la actualidad se encuentra pendiente de un recurso presentado contra el Plan General ante el TSJC, tribunal que ha emitido un fallo declarando inejecutable la sentencia del Supremo, que declaró no urbano el suelo. Además, existe un frente en la Audiencia Nacional entre Costas y el ayuntamiento, que ha recurrido la decisión ministerial de ampliar a 100 metros el deslinde costero. Por último, quizás el más sonoro, existen diligencias previas en el Juzgado de Los Llanos de Aridane, por la causa penal, contra 32 imputados por un presunto delito contra la ordenación del suelo donde se ha construido el edificio, pese a no ser urbano según el Supremo. Un asunto complejo sin resolución inmediata.