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LA PALMA


Reclaman que se tire el edificio de Los Tarajales como obliga el Supremo

El empresario César Gil presenta un escrito ante el ayuntamiento solicitando que se ejecuten las sentencias contra el inmueble costero.


tarajales


El Día, Tazacorte 15/jun/15 24:52


El empresario vasco César Gil presentará hoy en el Ayuntamiento de Tazacorte un escrito por registro de entrada en el que solicita que se ejecuten las sentencias del Tribunal Supremo que obligan al derribo del edificio de Los Tarajales, por haber sido construido dentro del dominio marítimo-terrestre.

Hasta el momento, ninguna persona física o jurídica había solicitado la ejecución de ninguna de las sentencias del Alto Tribunal que "condena" al inmueble ubicado en la costa bagañeta, lo que había permitido al ayuntamiento evitar tener que cumplir con la resolución judicial.

El escrito al que ha tenido acceso EL DÍA y que ahora deberá valorar el nuevo equipo de gobierno, se entiende que con el oportuno asesoramiento jurídico, se acompaña con un total de nueve sentencias del Supremo que obligan a tirar el edificio, la primera de 2005 y última del pasado día 6 de mayo, que son firmes y no admiten recurso alguno.

A propósito, César Gil subraya que estas sentencias "son definitivas e irrevocables, constituyendo cosa juzgada formal y material, de acuerdo con los artículos 207 y 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siendo perfectamente conocidas por esa corporación municipal y, especialmente, por el alcalde, al ser la misma persona que presidía el ayuntamiento en los tiempos en que se produjeron las irregularidades denunciadas y declaradas ilegales, incluso con advertencia de desviación de poder".

Este empresario vasco, conocido en Tazacorte por su intento de desarrollar proyectos turístico de envergadura en la costa que no llegaron a fructificar, recuerda al gobierno en su misiva que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto", tal y como dice el artículo 118 de la Constitución Española.