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La Palma

Tercer fracaso del PSC en su batalla judicial contra UB-CC

El grupo de gobierno acusa al Partido Socialista de orquestar una persecución judicial, avalada por Juan Fernando López Aguilar y el secretario insular, Manuel Marcos Pérez. El juicio electoral de 2003 se saldó con 11 acusados absueltos.

13/nov/09 07:27 - M. CHACÓN, Tazacorte

Siete denuncias han sido presentadas contra Unión Bagañeta (UB-CC) en los últimos años, de las que dos han ganado los denunciados y tres se han archivado. Quedan pendientes dos, Los Tarajales y el Tribunal de Cuentas. Esas son las cuentas del grupo de Gobierno de Tazacorte en uno de los momentos más convulsos que se recuerdan en la vida política municipal.

De esas denuncias fracasadas, tres han sido protagonizadas por el Partido Socialista de Tazacorte. La última, la que se ha cerrado con los 11 acusados de UB declarados inocentes por el Juzgado de lo Penal Número 7 de Santa Cruz de La Palma, tras imputárseles en 2003 desde el PSC un delito electoral. La resolución judicial se dio a conocer ayer en una rueda de prensa del grupo gobernante en Tazacorte, a la que acudieron medio centenar de simpatizantes que vitorearon y aplaudieron a los concejales absueltos.

Según recogió la jueza instructora, Esther García Afonso, en la sentencia "se procede la libre absolución de los imputados porque no se pueden demostrar las acusaciones", destacando la "falta de verosimilitud" de las afirmaciones del testigo principal y portavoz socialista en el ayuntamiento, Adolfo Martín, y las "contradicciones e imprecisiones" en las que incurrió un segundo testigo.

El resultado final del proceso judicial demuestra que las acusaciones del PSC -manipulación de actos electorales, graves irregularidades de seguridad del tráfico, falsedad de documento y coacciones- eran falsas o improbables.

Culpa de Aguilar y Pérez.- Tras ganar el juicio, UB-CC anuncia que estudia una respuesta contundente para llevar a los tribunales "a quienes intentan mancillar el nombre de este partido a base de denuncias falsas". Así lo anunció el alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, quien no dudó en señalar a Juan Fernando López Aguilar como responsable regional del partido en el momento en el que se produjeron las denuncias, y a Manuel Marcos Pérez, que autorizó las mismas como secretario insular en La Palma, como "los responsables de una campaña de difamación transformada en persecución judicial".

Acoso en los tribunales.- En 2007, apuntó el mandatario de Unión Bagañeta, "ya tocaron fondo cuando, el día antes de las elecciones, registraron el ayuntamiento y el cementerio en busca de carnets de identidad supuestamente retenidos. No encontraron nada. Sólo les interesa sacarnos de aquí como sea. Lo que no se consigue en las urnas intentan hacerlo de esta manera". Ahora, añadió, "toca el turno de Los Tarajales y del Tribunal de Cuentas de Madrid, pero nos defendemos porque sabemos que aquí nadie ha hecho nada irregular".

Ilegalidades en Breña Alta.- El alcalde miró hacia Breña Alta para advertir al PSC en su "afán" de judicializar la política: "En los ayuntamientos del PSC también se pueden encontrar irregularidades, como sucede en la zona industrial de Breña Alta, en donde las irregularidades son mayores que la catedral de Burgos. No hay licencias, ni permisos. Vayan y compruébenlo. Es feo cuestionar las casas ajenas cuando la de uno no está ordenada. Igual empezamos a denunciar también nosotros".

Seis años de sospechas.- Por su parte, el teniente de alcalde y presidente de UB en Tazacorte, Juan Miguel Rodríguez, calificó de "injusto" el que una persona se pase bajo sospecha seis años: "Por eso pedimos a la prensa la misma relevancia que las denuncias y el registro que hicieron. Esto nos ha llevado mucho tiempo y dinero tirado en defendernos".

la clave

El edil-abogado y el portavoz-testigo

El proceso judicial que inició el PSC de Tazacorte tras las elecciones de 2003 no solamente ha resultado inútil e innecesario, sino que además, vista las conclusiones de la jueza, raya lo que popularmente se conoce como "pleito chapucero". Por un lado, no había pruebas: es evidente que si se acusa de infringir la seguridad vial a un concejal que no tiene carnet de conducir y que en su vida ha cogido un coche, lo más probable es que no cuele. Los testigos no eran creíbles: el principal testigo era el afiliado, concejal y portavoz del PSC, Adolfo Martín, que según la jueza estaba "influenciado", no era imparcial ni verosímil. Y las condenas solicitadas eran extremas: hasta tal punto de que la acusación pedía 5 años y seis meses de prisión para el alcalde y teniente de alcalde, mientras la fiscal lo rebajaba a 1.000 euros de multa. Por si faltaba algún ingrediente, el abogado que llevó a cabo el proceso, Antonio Martín Rodríguez, era a su vez concejal electo del PSC, el cual, por cierto, le solicitó a su partido una minuta de más de 3.500 euros tras mandar al juzgado a 35 personas de su municipio, de las que al final juzgaron a 11 que han resultado inocentes. Lo dicho, un "pleito chapucero" y poco afortunado. Para suerte del PSC, las costas se declaran de oficio.