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Tazacorte

Un empresario reclama 29 millones al ayuntamiento por daños patrimoniales

Inversiones Cock presenta en el Juzgado de Los Llanos, que instruye diligencias previas por supuestos delitos en la ordenación de varias parcelas en el Puerto de Tazacorte, una evaluación provisional de daños y perjuicios sufridos por las actuaciones del ayuntamiento contra sus proyectos después de aprobarlos.

8/may/11 01:05 - M.CH., Tazacorte

Una empresa con intereses urbanísticos en El Puerto de Tazacorte, Inversiones Insulares Cock, ha presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Los Llanos de Aridane, que instruye diligencias previas por presuntos delitos en la ordenación de varias parcelas de suelo en esta parte del municipio, una evaluación provisional de supuestos daños y perjuicios sufridos por las actuaciones del Ayuntamiento de Tazacorte.

Según la documentación en poder del juzgado, a la que ha tenido acceso EL DÍA, esta entidad le reclama al Consistorio bagañete la cantidad de 29.238.593 euros por responsabilidad patrimonial prevista en el artículo 6 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Se trata de una cuantía provisional de daños y perjuicios, con soporte documental de tasación y valoración, realizada por la empresa TINSA.

En la cuantificación de daños se recoge una parcela para un complejo hotelero en el Puerto Viejo de 270 habitaciones (540 camas), evaluado en 6,6 millones, y dos residenciales de 10 plantas (La Fuerza y La Marina) para 270 viviendas y unos 500 garajes que suman casi 17 millones de euros. A estos se suman otros supuestos perjuicios vinculados a gastos ejecutados (notaría, redacción proyectos, alquileres, servicios profesionales, gastos financieros, sueldos...) que ascienden a más de 4 millones de euros. Incluso, añaden el "coste de oportunidad" que se sitúa en 1,6 millones.

Estos proyectos se plantearon por parte de Inversiones Cock en el Puerto de Tazacorte antes de la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) en el año 2005, y fueron aprobados por el ayuntamiento de forma inicial. Pero, según el denunciante, "siempre hubo un interés en que nunca se llegaran a realizar, para lo cual se adulteró el PGO sistemáticamente, favoreciendo a otros propietarios, que en ningún momento realizaron ni la más mínima gestión urbanística, no teniendo para ellos coste alguno y obteniendo de esta manera pingües beneficios".

Precisamente, el juzgado pidió al promotor denunciante, César Gil, que realizase una ratificación de la denuncia en la que se acusa al ayuntamiento de presuntos delitos urbanísticos, estafa y prevaricación, con el correspondiente ofrecimiento de acciones, por lo que decidió presentar la evaluación de daños y perjuicios sufridos, tanto en su patrimonio propio como en el de las filiales y empresas participadas en los proyectos que no pudieron ejecutarse, pese a que fueron aprobados inicialmente por parte del ayuntamiento.

Maltrato a inversores.- En esa denuncia, el empresario asegura que "no existe la menor duda de que han utilizado con nosotros una política de desgaste muy dura y muy cara". Curiosamente, aclara, "todas las aprobaciones que se hicieron a nuestros proyectos son con fechas anteriores a las pasadas elecciones, incumpliéndose posteriormente los compromisos y convenios adquiridos entre las partes, abandonando el futuro de los mismos".

Incluso, van más allá: "El daño causado pude suponer un antes y un después para las inversiones peninsulares y extranjeras en La Palma en general y en el Valle en particular, ya que pretendemos que tenga la mayor difusión posible, informando desde nuestra experiencia a cualquier inversor y de la ausencia de trato de igualdad, que es un derecho constitucional".

Al respecto, recuerdan que "ya hubo otra empresa inmobiliaria, Diursa, que se vio obligada a amenazar al ayuntamiento con la interposición de una querella criminal por presunta prevaricación, que podría suponer una indemnización de otros 10 millones de euros, ante la inoperatividad municipal en la entrega de una licencia de ocupación del edificio de Los Tarajales, también pendiente de un proceso judicial".

Relamación de 2007.- El administrador de Inversiones Insulares Cock ya se dirigió en noviembre del año 2007 al alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, mediante un documento en el que reclamaba la responsabilidad patrimonial del consistorio que preside el representante de Unión Bagañeta por el supuesto incumplimiento de un convenio suscrito con esta entidad el 12 de agosto de 2004 con varios compromisos municipales vinculados a sus proyectos turísticos.

En aquel escrito se exigía una indemnización de 5.762.071 euros supuestos daños causados desde la Administración local al incumplir el acuerdo y los compromisos adoptados.