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LA PALMA


El fiscal acepta que Manos Limpias se persone en el caso Los Tarajales


Pese a la oposición de los abogados del exalcalde de Tazacorte y de otros concejales de UB imputados, el fiscal mantiene que este sindicato sí puede actuar como acusación particular.


Caso Tarajales


La Palma, Tazacorte 20/ene/15 01:41


La solicitud del sindicato colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias de personarse como acusación particular en los procesos judiciales abiertos en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Los Llanos de Aridane por los supuestos delitos en el desarrollo turístico del Puerto de Tazacorte, donde están imputados concejales y el exalcalde de Unión Bagañeta, así como el arquitecto municipal, cuenta con el visto bueno del fiscal, Francisco Vidal, además de la oposición de los implicados, según la documentación a la que ha tenido acceso EL DÍA.

Manos Limpias solicitó al juez personarse en el procedimiento 222/2008, que afecta principalmente al caso de Los Tarajales, por la construcción de un edificio en suelo de dominio marítimo-terrestre.

Cuando todo parece indicar la inminente celebración del juicio, al que todavía no se ha puesto fecha, el fiscal, después de recibir una providencia del juez, dice que "no se opone a la personación" del citado sindicato, aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo que establece que la acción penal "es pública y que todos los ciudadanos podrán ejercerla con arreglo a los principios de la ley". Consecuentemente, "el ejercicio de la acusación de los procesos penales no se atribuye en régimen de monopolio del Ministerio Fiscal, al contrario con carácter general, se establece que todos los ciudadanos podrán ejercitar la acción popular".

El fiscal aclara que en el caso de acción popular, "cualquier ciudadano, por el mero hecho de estar en la plenitud del goce de sus derechos, puede ejercitarla, sin que tenga que alegar en el proceso la vulneración de algún derecho, interés o bien jurídico protegido que se encuentre dentro de su esfera patrimonial y moral", es decir, que aunque no se vea afectado directamente puede personarse.

Por el contrario, los imputados no quieren ni "ver" al sindicato que lidera Miguel Bernat. A propósito, los abogados del exalcalde, Ángel Pablo Rodríguez, y de otros cuatro concejales que formaron el gobierno de UB, se oponen a esta personación "por falta de legitimación", defendiendo que "la acción popular no puede ejercerse en defensa de intereses particulares y que si algún perjuicio económico se ha causado a terceros, serán éstos los que deberán ejercitar las acciones que correspondan". Llegan a calificar a Manos Limpias de "pseudo-sindicato".

Mientras, la presentación legal de Rosendo Luis Britolas solicita que el sindicato aporte 6.000 euros de fianza "por posibles responsabilidades económicas en las que se pudiera incurrir en este procedimiento". Sobre esta petición, el fiscal defiende que "sobre la obligación de prestar fianza es importante resaltar que la misma solo es exigible como requisito de admisibilidad de la querella, pero no cuando el proceso ya se encuentre iniciado y la personación se haya producido como mera adhesión sin querella, como se ha producido en el presente caso".

UB pide que su defensa la pague el pueblo

Unión Bagañeta pretende que el Ayuntamiento de Tazacorte se haga cargo de los gastos de representación y defensa del exalcalde y de los ediles del gobierno de UB imputados en el procedimiento 222/2008 por un supuesto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación, por facilitar la construcción del edificio de Los Tarajales dentro del domino marítimo-terrestre. En la propuesta, adelantada por el diario digital eltime.es, se advierte de que el acto a enjuiciar "es relativo al ejercicio del cargo", por lo que entienden que los gastos debe ser pagados con fondos públicos. La actualmente oposición expone en la moción que "es criterio doctrinal que el ayuntamiento asuma de forma previa los gastos judiciales en los procedimientos penales contra autoridades, funcionarios y empleados locales, siempre que se den circunstancias concretas, como que se trate de actuaciones penales debido a acciones u omisiones de los miembros de la corporación y su personal al servicio en el ejercicio de sus cargos, o que no existan indicios racionales de que la actuación del miembro judicializado fue con intencionalidad o con negligencia o culpa manifiestamente grave". Si los imputados o posteriores acusados resultan declarados culpables por comisión de delito o falta con intencionalidad, culpa o negligencia grave, "deben reembolsar al ayuntamiento los gastos pagados por esta actuación", apunta UB.