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LA PALMA - TAZACORTE


El fiscal pide 10 años de inhabilitación y 18 meses de cárcel para el alcalde por Los Tarajales




Víctor Martín, Tazacorte 27/abr/16 09:39 Escrito por eldia.es


La Fiscalía Provincial ha solicitado la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal por el "caso" de Los Tarajales, solicitando diferentes penas de cárcel e inhabilitación tanto para el alcalde de Tazacorte, Juan Ángel Pablo Rodríguez; como para los exediles del gobierno bagañete de hace una década, Juan Miguel Rodríguez, Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, todos de UB-CC; y para el arquitecto municipal, Rosendo Luis Brito, además de la demolición del edificio objeto de la causa, construido en dominio de Costas.

En concreto, el fiscal solicita diez años de inhabilitación para empleo o cargo público para el regidor municipal, además de una pena de cárcel de un año y seis meses; ocho años de inhabilitación y nueve meses de prisión para los antaños ediles; y nueve años de inhabilitación y un año de cárcel para el arquitecto municipal.

En el mismo sentido, reclama la demolición del edificio de Los Tarajales, denominado Balcón del Puerto, con cargo a los acusados, que, de la misma forma, deberán indemnizar, siempre según la petición del fiscal, a la empresa propietaria del inmueble.

El fiscal advierte en su escrito de que el alcalde y los exconcejales concedieron el 8 de noviembre de 2005 la licencia "para un reformado de proyecto básico de obras para la construcción" de esta edificación, y posteriormente, en concreto el 27 de junio de 2006, "la autorización para el proyecto de ejecución e inicio de las obras", a sabiendas "de su injusticia por contravenir, ambas resoluciones, la normativa y resoluciones judiciales recaídas en relación a la condición urbanística del suelo donde se asentaría la edificación, y en especial con vulneración de la servidumbre de protección de 100 metros respecto al litoral por aplicación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas".

El fiscal recuerda que el día 1 de diciembre de 2004, la Audiencia Nacional dictó una sentencia por la que la servidumbre de protección marítimo-terrestre en ese tramo de costas pasaba a ser de 100 metros; es decir, el gobierno municipal tomó la decisión de autorizar el edificio a pesar de saber que había resoluciones judiciales en contra.

De igual forma, el arquitecto local emitió un informe el 2 de noviembre de 2005 favorable a la concesión de la licencia de obras del reformado proyecto básico, omitiendo la sentencia en contra.